De cara a definir o diseñar una estrategia o bien modelar el perfil del estadio del desarrollo, desde la perspectiva de las finanzas públicas, se plantean al respecto de dos tipos de problemas, distintos por demás, vinculantes y traslativos: a) uno de tipo formal y que tiene que ver con el marco conceptual de la política fiscal, y b), uno más referido a los propios y fundamentos teóricos que la erigen.
Con respecto al primer problema, de tipo formal, el contexto nos cuestiona en torno a si la política fiscal comprende, a la vez que significa, el uso y gestión del proceso ingreso – gasto del sector público, en procura de alcanzar el objetivo de la estabilización del mercado ¿cómo designar su uso cuando la política fiscal este referida a otros y distintos objetivos políticos – de y en el mercado?
Si bien es cierto que responder a esta interrogante, interesada, es interesante, no es menos cierto que ella nos comporta dos opciones a saber: a) asumir y/o perfilar una conjunción distinta y distintiva, o b) crear, ampliar y desarrollar el contenido y la propia concepción de política fiscal de cara a los múltiples y variados objetivos del mercado, y que cumple, hoy día, el Estado moderno.
La política fiscal forma parte, ya, de la política de mercado y de finanzas publicas y en tal sentido ha sido usada y difundida como una rama de la política pública de mercado, por lo que esta opción o solución no resulta tan conveniente, pues la teoría fiscal que se erige de soporte y la da sustentación se interioriza, a manea de contexto y de apartado de y, en la teoría de mercado y las finanzas publicas por igual..
Una vez descartada y decantada la primera opción, la segunda nos resulta más que obvia, conveniente. Sin embargo, el poder crear, ampliar y desarrollar nuevas funciones, propósitos y usos, el concepto de política fiscal tiende a mudar de naturaleza..
De no ser posible, ya, vincular el concepto de política fiscal, tradicional, a determinados fines nos queda una opción, la de hacerlo, a partir del instrumental que usa, para alcanzar sus objetivos y por igual usar sus mecanismos y su accionar, en torno al proceso productivo que le sirve referido y traslativo.
Desde esta perspectiva, conjunción teórica, la política fiscal es un tipo de política de mercado, finanzas publicas, articulada como él y por el poder del Estado para escoger entre una gama de objetivos financieros alternativos, por lo que toda vez definidos los objetivos, nos resta seleccionar los medios e instrumentos adecuados y convenientes para lograrlos.
Por lo visto se entiende que la política fiscal, tributaria y presupuestaria, constituye un modelo de política de mercado, productiva, vinculada y definida en el contexto de los objetivos del estadio del desarrollo, del proceso de generación de riquezas, divisas y empleos productivos, y en un segundo plano, referida a la selección de los medios e instrumentos para alcanzarlos.
Dado que la política fiscal, en el contexto de las políticas de mercado y de finanzas publicas, es de tipo instrumental, a la vez que queda definida en el marco de la eficacia operativa, cuál es el rol y cuando entra a juego el Estado, y en que calidad?
Conviene pautar que el Estado define y orienta, a la vez que es parte de y, el proceso ingreso – gasto, en tanto es socio de la empresa, los agentes y los trabajadores (actores del mercado generadores de riquezas) a través de la política fiscal y tributaria, lo cual le he dado por el carácter soberano que le viene de la constitución, y las leyes que lo erigen como, Estado, ente rector y central de la vida pública nacional, y soberana.
Visto la realidad planteada el Estado y la empresa convienen en trabajar el proceso ingreso – gasto de cara a lograr los desafíos, objetivos, del estadio del desarrollo, a partir de la creación de riquezas. Para ello cuentan con las herramientas de las políticas de mercado, finanzas públicas y de la teoría fiscal y tributaria, lo mismo que de los medios e instrumentos para su eficacia operativa.
Hasta aquí todo es poesía, y retorica cognitiva, fiscal, tributaria, y administrativa en sentido general.
Que (¿?) nos falta, y que (¿?) ha olvidado la finanza publica. Veamos.
La hipótesis, de que a menor costo mayor rentabilidad, queda al descubierto.
Si bien es cierto que a menor costo mayor rentabilidad, no es menos cierto que el Estado y la empresa, sector privado, han de saber cuáles factores inciden en el costo de los bienes y servicios que genera el mercado, y que a su vez pueden afectar la rentabilidad, y por vía de consecuencia reducir el flujo de los ingresos públicos..
Lo anterior es de vital importancia, pues más que definir los objetivos del desarrollo, se hace obligatorio determinar qué (¿?), cuánto (¿?) y a qué (¿?) precio producir, y para cuál (¿?) mercado, producir.
En ese contexto se hace necesario articular un conjunto de políticas públicas destinadas a reducir el riesgo bancario, en virtud de que este incide en la tasa de interés bancario.
Por lo pronto, titular la propiedad privada, garantizar mercado (bajo contrato a futuro) para la producción local, reducir el coeficiente de caja, encaje legal, e incorporar tecnología de punta en el sector productivo, entre otras políticas a definir, han de contribuir a mejorar el cuadro de gestión, a la vez que reducir el costo de producción del mercado, y por vía de consecuencia aumentar su rentabilidad.
Lograr los objetivos y trasladar el estado de cosas, actual, hacia el estadio del desarrollo no solo puede ser fruto, consecuencia de la política fiscal y tributaria, de la política de mercado, pues se hace necesario incorporar, diseñar e implementar una política de costo, monetaria y de marketing tendentes a posicionar la producción local, de cara a hacerla competitiva y rentable, generar riquezas, empleos productivos y a su vez ingresos púbicos, para el socio del Estado.
El contexto, y presente artículo, nos obliga a pensar que no es prudente crear nuevos impuestos, ni aumentar las tasas de los ya existentes de cara a incrementar los ingresos públicos, si damos como válida la hipótesis de que a menor costo mayor rentabilidad.
Pero, mayor rentabilidad y mayores niveles de ingresos públicos podemos lograr una vez damos como cierta la segunda hipótesis que refiere que la administración tributaria, dominicana, desconoce los hechos que graba el sistema tributario.
Como si todo lo anterior fuera poco, es bien conocido que la erosión tributaria, estimada, sobre pasa el 40% de acuerdo a estudios realizados, recientemente. De acuerdo a estos estudios la erosión tributaria para el 2010 sobrepasa los 115,1 mil millones de pesos, tomando en consideración los 6 principales tributos que aportan el 76,1% de los ingresos públicos para el periodo estudiado, 2010.
Por lo visto una reforma tributaria en todo caso luce fuera de lugar, inoportuna, costosa, a la vez que perturbadora de cara a lograr los objetivos que le hacen posible.
Pero, lo que es peor es saber que la burocracia publica ha tenido que recurrir a los pasivos financieros, recursos externos, para financiar el presupuesto de gastos públicos, durante las últimas dos décadas.
El sistema presupuestario dominicano ha sido más que ineficiente en cuanto a tener que recurrir a recursos externos cuantiosos para completar los ingresos tributarios, en virtud de que la administración tributaria, tan solo por concepto de erosión tributaria, deja de recibir más de un 40% de lo que debe ingresar al fisco durante cada ejercicio presupuestario.
A grandes rasgos, una reforma tributaria de porte fiscalista, recaudatoria, vía la creación de nuevos tributos o vía el incremento de las tasas de los ya existentes, es una muestra fehaciente del fracaso de las autoridades fiscales, tributarias y presupuestarias.
Incrementar los ingresos públicos, en más de 100 mil millones de pesos, sin la necesidad de crear nuevos tributos y sin aumentar las tasas de los ya existentes, es el desafío que nos depara y reclama el presente.
Una reforma tributaria, al revés, nos luce innecesaria, torpe y perturbadora para el mercado
miguel ángel severino rodríguez
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