La Uasd, una entropía gerencial..

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Uasd, y el Estado son dos de las instituciones, en el mundo, que han permanecido sin evolucionar en el tiempo. La praxis académica, científica, técnica, tecnológica, y filosófica es escasa. Las teorías y los sistemas administrativos están ausentes en toda la estructura funcional, gerencial, y operativa. La investigación y desarrollo en el campo del saber, el conocimiento científico y filosófico es lenta y tardía. En síntesis la Uasd es una regresión temprana  y un modelo de entropía a reparar con carácter de urgencia.

Las teorías de sistema, organización,  complejidad, y planificación prospectiva  han perdido contacto con la realidad uasdiana al extremo de que el personal administrativo, ejecutivo, y gerencial no ha participado en un proceso de trabajo formativo, interno, con miras a garantizar la eficacia y eficiencia institucional que requiere el proceso de crecimiento, cambio y complejidad experimentado por la ciencia, la sociedad en el contexto de la visión, misión, valores y objetivos que cumple  una Universidad de cara al siglo xxi y su rol en el contexto del estadio del desarrollo.

En la Universidad pulula la Uasd y de ambula la ciencia.

El personal administrativo carece de formación, de método, y la propia Uasd de normas y teorías complejas de desempeño burocrático. La ausencia de gerencia, y protocolo y ética gerencial es harto evidente y a la vez que obstruye la eficacia y eficiencia institucional. El personal ejecutivo, en toda la estructura uasdiana, carece de formación y en ocasiones solo logra articular la idea, propósito, de que labora por un salario sin el sentido de horario y compromiso administrativo mas allá de llegar tarde y salir temprano.

La abulia es la norma que norma la ‘’gerencia’’ burocrática uasdiana si vale el termino.

Cada unidad administrativa se comporta como el todo y a la vez es ajena a las partes de sí misma y de la propia burocracia universitaria. Cobrar y pelear por un puesto, salario, es el grado técnico científico superior que predomina en toda la estructura funcional, gerencial y organizacional y de mando en la Uasd.

La teoría de sinergia es mal vista entre sí por cada una de las unidades administrativas. La falta de coordinación entre las aéreas y dependencias obstruye y opaca el desempeño institucional.  La principal tarea uasdiana es el horario tardío, y en, segundo nivel, ser parte de un grupo, candidato a rector y a vicerrector, de bajo perfil partidario al extremo de hacer de la Universidad un subsistema político envejecido y de escasa rentabilidad académica.

La Constitución, las leyes, los convenios, la ciencia, los planes, y métodos de trabajo no forman parte de la agenda operativa del funcionariado uasdiano. El técnico, funcionario y empleado no tiene con el hábito, la cultura, del estudio y lectura de la norma de la nación, y de la propia universidad, así como los avances en la teoría de gestión institucional. La filosofía institucional de la Universidad, mal diseñada, es ajena al personal técnico administrativo y docente, por igual.

El miedo al saber hacer, y a la norma regulan la abulia y el comportamiento, el carácter y la actitud desgana del personal ejecutivo, técnico y administrativo en sentido general. Las metas, propósitos, objetivos, y planes viven el sueño eterno del olvido y la indiferencia colectiva.

La Universidad está llamada a despertar, desde su interior letargo, y erigirse en un proceso dialectico cognitivo, epistémico, y gerencial  de cara a configurar el modelo universitario que reclama el estadio del desarrollo propio, de la sociedad, el Estado, el mercado y los agentes productivos, y de manera particular la familia y la ciudadanía.

La Uasd es un conuco académico creado por obreros de saber callejero y sobre todo carente de formación técnica y especializada. La ciencia administrativa y el saber organizacional se han quedado en las aulas  y les ha sido imposible descender o ascender al personal ejecutivo, gerencial y administrativo.

La Uasd tiene que iniciar por reemplazar y superar el perfil curricular del personal a todos los niveles administrativos.

Miguel Angel Severino Rodríguez

Carencias del Estado tardío

El Estado es la última institución en despertar, y de evolucionar tardío. Desde su concreción y construcción teórica, a partir de John Locke, y pasando por Rooseau, mantiene idéntico su modelo y estructura funciones, poderes, en una regresión histórico cultural y antropológica contraria a la naturaleza y a las leyes del devenir histórico y a la dialéctica y genética de las teorías de las instituciones, y al proceso de crecimiento y complejidad de la sociedad, del mercado, de los agentes productivos y las organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio, y en especial de la familia y de la propia ciencia.

Pero, pareciendo padecer una sinopsis  regresiva el Estado posguerra ha visto envilecer y envejecer la jurisdicción, y el Poder Judicial, y la función legislativa. Hoy, en el siglo xxi, la interdependencia y la autonomía funcional, gerencial, política, institucional y operativa de los poderes del Estado es una partitura en re menor. La jurisdicción ha sido relegada a un subsistema político, y la función legislativa, el Congreso, ha devenido ser un sello gomígrafo del Ejecutivo.

La teoría de las instituciones, en el marco de la ciencia de la administración (y sus procesos etapas de comunicación, planificación, organización, dirección y control), y la doctrina de la división del trabajo pautan la directriz que norma y regula la dinámica del crecimiento, cambio, y la complejidad en el contexto dialectico y la dinámica de las organizaciones en el devenir presente. Esta perspectiva ha sido ignorada y hoy tenemos un estado, de, carencia del Estado que lo erige en el  obstáculo mayor del estadio del desarrollo proscrito desde el envejecimiento inconcluso de la Revolución Industrial al caer otoño del 1914.

En pleno siglo xxi el Estado opera, de espalda al proceso de crecimiento, cambio y complejidad experimentado por el mercado, la sociedad y el propio sector público, con la misma estructura, envejecida, del modelo Estado moderno del siglo xvii.

Pero, lo grave del caso es que el Estado, dominicano, aun carece de un Régimen Territorial, de Jurisdicción constitucional, y de un Régimen de Ciudadanía. Contrario y de espalda a la evolución de la sociedad, y a los objetivos que cumple el Estado moderno, la teoría de las instituciones no ha superado la perspectiva soberana del pueblo de cara a la matriz ciudadana, y en procura de configurar el Estado Ciudadano, y de erigir, dar rango constitucional, al Poder Ciudadano, al referéndum revocatorio ciudadano, y a las nuevas funciones tareas poderes del Estado, Poder Contralor, Poder Municipal, y Poder Electoral, que requiere el proceso de eficacia, eficiencia y economicidad administrativa.

El modelo urbano del Estado, ministerial, jurisdiccional y legislativo y el envejecimiento de los sistemas administrativos han permitido la vigencia de la ineficacia al tal extremo que el recurso productivo, tierra, pertenezca a la jurisdicción, inmobiliaria, y con ello exhibir el hecho cierto en que más del 90% de las tierras urbanas carezca de título de propiedad. Algo igual sucede con las tierras con vocación agrícola. Esta anomalía, jurisdiccional inmobiliaria, se ha erigido en un traba de cara al mercado, al desarrollo inmobiliario, turístico, agroindustrial y urbano en sentido general.

En el ámbito sistémico, administrativo, el Estado posguerra carece de sendos sistemas de cuentas y estadísticas nacionales. Esta problemática dificulta medir y obtener el PIB a nivel regional, provincial y municipal, y con ello el PIB nacional, entre otros indicadores necesarios para cualificar y cuantificar el mercado, el modelo productivo y el estadio del desarrollo en sentido general.

La ausencia de los sistemas de cuentas y estadísticas nacionales impacta de manera negativa en el estudio de la problemática que afecta al mercado, a los recursos y a los agentes productivos, y de igual manera a las organizaciones gestoras de las cadenas de valor agregado del territorio. Esta problemática unida a la falta de un sistema de planificación prospectiva, de caracterización territorial e interactiva, afecta por igual a los sistemas de inversión pública y de presupuesto, territorial, respectivamente.

Territorializar el modelo ministerial es un presupuesto teórico, organizacional y administrativo pendiente de, y por, la gerencia moderna ausente en el Estado posguerra. Esta problemática ha contribuido a estacionar más del 57% de la población del país en las provincias periféricas y el Gran Santo Domingo (San Cristóbal, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional). Ellas retienen en un alto % la inversión publica en desmedro del resto de las provincias y de la población lejana al centro urbano del Estado.

Un tercer problema, presente y derivado de la ausencia de los sistemas de cuentas y estadísticas nacionales y de planificación prospectiva y el estudio de la problemática territorial, es la ausencia del diseño de políticas públicas, de la agenda de desarrollo territorial, del plan municipal de desarrollo, de los perfiles, propuestas y proyectos de inversión publica y del anhelado presupuesto territorial. Atacar con eficacia esta situación adversa ha de permitir al Estado estacionar la población en el territorio de origen, descongestionar el transporte y reducir el gasto operativo de las grandes y medianas urbes. La insalubridad, la falta de agua potable, y el exceso de desechos sólidos y estercoleros provienen de la alta concentración de la población en el casco urbano del Estado.

Por otro lado, la debilidad institucional del modelo urbano ministerial y del Estado es harto evidente en un entramado de vicios a corregir una vez encarado el tema de las reformas del Estado posguerra a partir de la compleja problemática, enhiesta, que carga su envejecido patrimonio funcional, gerencial, operativo y toda su estructura sistémica pendiente de renovar y adecuar a los cambios experimentados en el devenir histórico por la sociedad en su conjunto.

Nos quedan las tareas pendientes de repensar y modelar el Régimen Territorial, el Régimen Ciudadano, el Régimen Jurisdiccional, el sistema de interdependencia de las funciones, poderes, del Estado, y sobre todo un modelo funciones poderes acorde al proceso de crecimiento y complejidad de la sociedad y los objetivos modernos del Estado.

Ha sido tarde la configuración de las carencias del Estado. Sin embargo, nos queda tiempo para tan noble propósito y desafeo..

Miguel Angel Severino Rodriguez

Contador público

Gestión en desarrollo territorial, diplomado

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Uasd, a través de la Facultad de Ciencias Económicas  y Sociales, y el Consejo Regional de Desarrollo Territorial, en el marco de un Convenio de Trabajo, promueven, desde la sede central y cada uno de los Centros Universitarios,  el primer Diplomado Gestión en Desarrollo Territorial. El referido evento técnico docente ha sido diseñado a partir de la necesidad y el compromiso, objetivo, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Dirección de Inversión Publica y la Dirección de General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de iniciar para el 2018 el presupuesto territorial.

Alcaldes, regidores, técnicos municipales, legisladores, y el liderazgo de las organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio, y personal docente de los Centros Universitarios constituyen el público, objetivo, al cual está orientado el contenido del diplomado. La planificación prospectiva, diseño de formulación de proyectos de inversión pública, presupuesto público, problemática territorial, diseño de políticas públicas, mercado, recursos y agentes productivos, población y familia, entre otros, forman parte de los temas centrales a conocer y discutir a profundidad.

Es de interés del Estado, en el marco del sistema de planificación e inversión pública, el régimen territorial, y la ley de ordenamiento y desarrollo territorial, incoar un proceso de trabajo formativo, desde el territorio, con miras a contar con los técnicos suficientes para el estudio de la problemática territorial y el diseño de los perfiles y proyectos de inversión para el proceso de formulación del presupuesto público 2018. 

Actores de la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominica de Municipios, y la Federación de Distritos Municipales, la Asociación Dominicana de Municipios del Este, y la Asociación Dominicana de Regidoras  fueron consultadas en el diseño del contenido técnico docente y a la vez invitadas a participar en la formación de sus técnicos.  A finales del mes de agosto, 2016, e inicio del mes de septiembre inician sendos procesos de trabajo formativo desde varios Centros Universitarios del interior.

De igual manera técnicos de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y de otras entidades gubernamentales y académicos interesados en la problemática del desarrollo territorial han solicitado espacios para participar en el Diplomado Gestión para el Desarrollo.

 El Consejo Regional de Desarrollo, de la Región Este, ha aportado su experticia en el marco del estudio y diseño de la agenda y estrategia de desarrollo local. En ese contexto las Mesas Técnicas Territoriales han sido herramientas eficaces de cara a identificar y conocer el saber territorial desde la experticia de las organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del mercado.

El Diplomado Gestión en Desarrollo Territorial es una apuesta, un presupuesto teórico y una experticia, única, que usted no puede deja pasar.  El Estado, y el modelo ministerial urbano han tocado fondo. Una mirada hacia el territorio desde la planificación prospectiva, la inversión y el presupuesto territorial es la respuesta al olvido de los gobiernos respecto a la municipalidad y a la familia y a la población que requiere mirar, y regresar al mercado productivo desde el territorio de origen.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Consejo Regional de Desarrollo Territorial te invitan a ser parte del nuevo modelo de desarrollo local.

Miguel Angel Severino Rodríguez

La Cepal, siete décadas después..

primero de varios artículos sobre la Cepal.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es un organismo creado por  la Organización de las Naciones Unidas. Su misión, y principal tarea, ha sido la de ‘’promover el desarrollo económico y social de la región’’. Desde esa perspectiva asume el compromiso de liderar un programa de investigación y desarrollo del mercado en sentido general.

A casi siete décadas de su creación, diciembre de 1948, el legado de la Cepal, en América Latina, amerita, de parte de los estudiosos, un análisis profundo respecto a su accionar, pasado, y sobre todo de cara al presente porvenir.

Cuál ha sido el aporte de la Cepal al y en favor del estadio del desarrollo de la Región, y cada uno de sus Estados, en particular? Cuál ha sido el costo de siete décadas de ineficiencia? 

La Cepal, bajo la dirección de Gustavo Martínez Cabañas (mexicano), en calidad de Secretario Ejecutivo, diciembre de 1948 y abril de 1950, y un grupo de economistas y contadores de la Región, entre los que se destacan el argentino Raúl Prebisch, autor del libro, ‘’El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas’’, e Ifigenia Martínez, mexicana, tuvo a bien centralizar su trabajo en el contexto de los postulados y objetivos que dieron origen al Consejo Económico y Social (Ecosoc) y a la Organización de las Naciones Unidas.

Las crisis financieras, del siglo xx marcaron, y las necesidad de erigir un nuevo orden financiero internacional, en el contexto de los objetivos políticos y del mercado, de los Estados Unidos, y los aliados, nos dejaron una agenda y un modelo operativo a impulsar desde las organizaciones creadas para blindar el estadio del desarrollo y crecimiento del Estado posguerra.

A partir de  la década de los cincuenta la Cepal presenta una serie de reformas, económicas, a los países de la región, orientadas a la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), de cara a impulsar un desarrollo productivo, desde el Estado, y a la vez procurar  fortalecer el aparato productivo en el contexto de la problemática del comercio internacional, y en particular desde los términos de intercambio. ‘’La reforma agraria en la zona, idea que sería fuente de inspiración para diversos gobiernos, como los de Eduardo Frei Montalva, y Salvador Allende en Chile’’, fue de uno de los programas erigidos con una obvia caracterización política e ideológica.

El ideario de la Cepal, marcado por una la influencia del pensamiento keynesiano y las escuelas historicistas e institucionalistas centroeuropeas, ajeno al estudio de la problemática regional, y de cada país en particular, constituye uno de los ejes a repensar, pues han marcado siete décadas de fracasos de las políticas y objetivos impuestos al Estado posguerra en la Región.

A siete décadas los modelos de planificación, de caracterización regional, situacional y estratégica, han fracasados. Igual destino han recorrido el modelo ministerial urbano, y los sistemas tributario, presupuestario,  y de inversión pública, respectivamente. La enorme deuda externa, e interna, y social, el déficit permanente en balanza de pago, y a nivel fiscal, y los altos índices de pobreza, rural, suburbana y urbana, constituyen la más clara y firme evidencia del precario aporte de la ONU, y sus organismos, a los países de la Región respecto a superar la crisis y salir tras el estadio del desarrollo regional y particular.

La problemática territorial, de las finanzas públicas, de la política fiscal, y de la política monetaria, bancaria y crediticia en particular, del mercado, los recursos y los agentes productivos, de la población, y los altos índices de pobreza de la familia rural urbana constituyen enormes desafíos dejados en la agenda de los problemas pendientes de abordar con sentido de eficacia, eficiencia y prontitud regional.

El carácter débil y enfermizo de los regímenes democráticos, carentes de sistemas electorales abiertos, incluyentes y garantistas, en términos políticos y ciudadanos refleja la ineficacia de la agenda regional de la ONU y de sus organismos.

El modelo de Estado posguerra, envejecido y tardío, requiere ser abordado por expertos, territoriales, a partir del concierto de debilidades y hallazgos que presentan cada uno de los países de la Región. La reforma del Estado, sus sistemas administrativos y modelos ministeriales requieren ser repensados a la luz de la sociedad del siglo xxi.

La Cepal a siete décadas de ser fundada requiere de una reingeniería prospectiva.

Miguel Angel Severino Rodríguez

Experto en reforma del Estado

hojas del otoño : La planificación prospectiva para el siglo xxi

hojas del otoño : La planificación prospectiva para el siglo xxi: Perspectiva general La planificación, característica de la administración pública y la gestión del Estado, es un parto histórico ...

La planificación prospectiva para el siglo xxi

Perspectiva general

La planificación, característica de la administración pública y la gestión del Estado, es un parto histórico del siglo xx. Su periplo institucional  inicia por  la antigua Unión Soviética, Europa y en los Estados Unidos en sentido general. Por lo visto, su  participación en la agenda burocrática aún no ha llegado al primer siglo de existencia. Esta, la planificación,  es una actividad, reciente y su legado digno de estudio, y, con la responsabilidad de saldar una deuda histórica con el estadio del desarrollo tardío,  y la misión de superarse a sí misma en el presente siglo xxi.

Veamos.

Los primeros planes de desarrollo, como expresión más alta del proceso de planificación, fueron diseñados en Rusia después de la I Guerra Mundial. Su periplo continúa en los Estados Unidos, durante los años treinta, de la gran depresión, bajo el gobierno del presidente Roosevelt. Su madurez le viene, a la planificación, con la aparición de la teoría del desarrollo dada en los países de la Europa Occidental a comienzo del siglo xx. La planificación desde esta perspectiva inicia, de las manos del Estado, su relación con el desarrollo.

En América Latina, mas tarde, a partir de la década los años cincuenta, la planificación llega a la  administración pública con en el Estado posguerra en el contexto de la programación económica. Su aceptación, general, en calidad de herramienta, sistémica, e instrumento para promover el estadio del desarrollo, se origina en el contexto de las resoluciones de la Carta de Punta del Este, Uruguay, 1961, y la agenda de la Alianza para el Progreso.

En el 1962 con la creación del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES), junto a otros institutos y ministerios de planificación, la planificación ocupa la agenda del desarrollo, la administración pública, del Estado posguerra,  por toda la región. A partir de la Carta de Punta del Este, en América Latina y el Caribe, 1961 / 1963/ trece países crearon ministerios, oficinas o consejos de planificación.

La Cepal y el Ilpes, en el caso de América Latina, década de los años cincuenta, bajo el liderazgo del pensamiento estructuralista de Raúl Prebish, impulsan la planificación en el contexto y en paralelo con el proceso de industrialización, sustitución de importaciones. El Estado posguerra, y posterior a los años cincuenta, y en América Latina en especial, inicia un proceso de discusión al más alto nivel en el marco de la planificación determinística (años sesenta), tradicional, la planificación estratégica situacional maltusiana (años setenta), la planificación estratégica (años noventa), la planificación territorial (siglo xxi) y la planificación prospectiva, reciente.

Durante este periodo la planificación, del desarrollo, empezó a ser objeto de crítica, al saber que la misma era rígida, ortodoxa, y basada, por igual, en planes economicistas e incompletos, en adición a su caracterización burocrática y utópica.

En el marco de estas críticas surge la propuesta del enfoque integral de planificación a partir de los planteamientos del Instituto de Naciones Unidas para Investigación y Desarrollo Social; el cual aprueba un Plan de Acción en 1971 basado en un enfoque unificado de la planificación. “(…) se introdujo por primera vez la idea de trabajar de manera unificada considerando los aspectos culturales, sociales, educación, territorio. Asimismo se puso énfasis en la concepción de estilos de desarrollo -que tuvo un enorme impacto en América Latina-así como en las visiones de futuro como parte de este enfoque integrado”. (ONU, 1971).

Vista las crisis sociales, políticas, y de mercado, cíclicas, en  América Latina, Europa, Asia, Australia, África y Oceanía, antes y después de la teoría de la planificación del desarrollo, es pertinente reflexionar respecto a la teoría de las instituciones, a la planificación y a los sistemas administrativos del Estado urbano posguerra. Dónde ha estado la falla de la administración pública, del Estado, y de los sistemas administrativos de planificación, presupuesto e inversión pública?

La problemática, transversal, radica en el punto de partida, obviado, por los pioneros, teóricos, de la teoría del desarrollo y de la planificación. Tanto la planificación regional, determinística, la planificación estratégica situacional, la planificación estratégica como la planificación territorial (enfoque chileno y costarricense) presentan los mismos hallazgos negativos. En la planificación del desarrollo la concreción teórica sistémica, gerencial y operativa es invertida o cuando no sesgada e intermedista.

En todos los supuestos, modelos teóricos de la planificación, se trabaja en compartimento estanco. Ha dado lo mismo definir primero la estrategia, como la agenda, o las políticas públicas y en el peor de los casos la planificación ha sido erigida para sí misma o como destino, objeto de trabajo, la propia entidad rectora de su propio proceso.

Olvidan, los teóricos, que el primer estadio de la planificación es la problemática, territorial, prospectiva e interactiva del mercado, de los agentes productivos, de la administración pública y del Estado. En una segunda mirada la planificación carece de un sistema de cuentas nacionales y estadísticas que permitan medir, cuantificar, y construir los indicadores para evaluar el mercado y caracterizar el modelo y el estadio del desarrollo.

Hasta ahora hemos tenido una planificación empírica y desprovista de sistematicidad, y en el peor carente de instrumentales cuantificadores de la realidad.

En nuestro próximo artículo vamos a hablar de la estructura, del modelo, y las tareas de la planificación prospectiva, y su visión territorial e interactiva.

Miguel Angel Severino Rodríguez

La regresividad del modelo tributario

Las políticas tributarias constituyen las directrices, y criterios, ideados de cara a definir e imponer la carga impositiva al mercado, con miras a suplir los recursos que requiere el Estado para financiar su acción. En el marco de la teoría política los impuestos se clasifican en impuestos progresivos y regresivos.

Es importante destacar la diferenciación de los tributos desde la perspectiva de la regresividad y progresividad, en virtud de que el gobierno ha puesto en la agenda pública el tema de la reforma fiscal. El ciudadano está muy preocupado y con razón, en virtud de que cuando el gobierno habla de reforma fiscal la opinión pública entiende reforma tributaria.  Y es peor el pánico, en virtud de que el ‘’modelo tributario’’, si vale el termino, en más de un 100% sus tributos son regresivos.

Cuál es la diferencia entre los impuestos regresivos y progresivos?

La diferencia viene dada por quienes gobiernan. A ver.

Los impuestos regresivos son aquellos que tienen una tasa, carga, fija sin importar el nivel de riqueza, patrimonio e ingreso del contribuyente. Esto implica que el que menos tiene paga igual que el de más altos niveles de rentas. Esto es una de las injusticias del modelo. Pero, es cierto que el modelo tiene impuestos progresivos? En la realidad no los hay. Toda la estructura impositiva dominicana es regresiva.

Hay varios hallazgos, negativos, que hacen regresivo a los pocos impuestos progresivos que tiene el modelo tributario dominicano (impuesto sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, entre otros).  Veamos.

a)      La administración tributaria desconoce los hechos que grava el sistema tributario

b)      El Estado carece de un sistema de cuentas nacionales y estadísticas

c)       La opacidad del Sistema financiero, de contabilidad, es muy alta

d)      Alta erosión , y evasión fiscal

e)      Alta tasa de exenciones y exoneraciones fiscales

Esta problemática, debilidad,  que afecta la gestión fiscal convierte a los impuestos progresivos en regresivos, pues el sector empresarial ejerce presiones para que el Estado le dé en exenciones y exoneraciones lo que pagan por concepto de los impuestos progresivos.

Los demás agentes productivos, familias, y el ciudadano, carecen de poder de veto y de negociaciones para imponer, solicitar o negociar ‘’reformas fiscales’’ silentes y extras tributarias para evadir o recuperar, de manera directa, la carga fiscal.

Otro mito que se arguye en torno a la reforma fiscal es la desigualdad del contribuyente respecto al modelo tributario a partir de la capacidad contributiva. Eliminar la desigualdad fiscal es un mito, una metáfora, una sinécdoque en materia tributaria.

El mercado es desigual por naturaleza propia. No hay dos agentes productivos con la misma capacidad, e igualdad  en recursos productivos, innovación, investigación, maquinaria, talento, producción, mercado, capital. Es un imposible la igualdad fiscal. En tal sentido el sistema de tributario reclama una reforma holística, sistema, administrativa, gerencial y del modelo y estructura tributaria, y sobre todo una reforma del lado del gasto, del tamaño del Estado, y por ultimo una reforma del mercado, con énfasis en los recursos productivos y los agentes productivos, en particular la familia, de cara a lograr crear y/o convertir a más familias en agentes productivos.

La reforma fiscal ha de iniciar por las debilidades de la administración tributarais. Es decir, eliminar las exoneraciones y  exenciones fiscales, reducir a su mínima expresión la erosión y la evasión fiscal.

En lo que refiere a la reforma fiscal del lado de los tributos el mercado sugiere reducir 5% a la tasa del impuesto sobre la renta durante tres años a partir del 2018 para situarla en un 14% para el año 2020. Reducir la tasa del Itbis en un 4% anual durante el mismo periodo para dejarla en un 6% para el 2020.

Crear el bono tributario para los agentes productivos, contribuyentes, que cumplan con sus obligaciones tributarias veinte y cuatro horas antes de la fecha de pago fijada por la norma fiscal.

Finalmente, se sugiere eliminar el anticipo al impuesto sobre la renta y a todo tributo.  Eliminar todos los tributos cuyos ingresos están por debajo del nivel de sus ingresos.

La regresividad de los tributos es administrativa y la impone la ineficiencia y la mala gestión tributaria y el poder de veto de las grandes empresas.

Miguel Angel Severino

La regresividad del modelo tributario

Las políticas tributarias constituyen las directrices, y criterios, ideados de cara a definir e imponer la carga impositiva al mercado, con miras a suplir los recursos que requiere el Estado para financiar su acción. En el marco de la teoría política los impuestos se clasifican en impuestos progresivos y regresivos.

Es importante destacar la diferenciación de los tributos desde la perspectiva de la regresividad y progresividad, en virtud de que el gobierno ha puesto en la agenda pública el tema de la reforma fiscal. El ciudadano está muy preocupado y con razón, en virtud de que cuando el gobierno habla de reforma fiscal la opinión pública entiende reforma tributaria.  Y es peor el pánico, en virtud de que el ‘’modelo tributario’’, si vale el termino, en más de un 100% sus tributos son regresivos.

Cuál es la diferencia entre los impuestos regresivos y progresivos?

La diferencia viene dada por quienes gobiernan. A ver.

Los impuestos regresivos son aquellos que tienen una tasa, carga, fija sin importar el nivel de riqueza, patrimonio e ingreso del contribuyente. Esto implica que el que menos tiene paga igual que el de más altos niveles de rentas. Esto es una de las injusticias del modelo. Pero, es cierto que el modelo tiene impuestos progresivos? En la realidad no los hay. Toda la estructura impositiva dominicana es regresiva.

Hay varios hallazgos, negativos, que hacen regresivo a los pocos impuestos progresivos que tiene el modelo tributario dominicano (impuesto sobre la renta, impuestos sobre el patrimonio, entre otros).  Veamos.

a)      La administración tributaria desconoce los hechos que grava el sistema tributario

b)      El Estado carece de un sistema de cuentas nacionales y estadísticas

c)       La opacidad del Sistema financiero, de contabilidad, es muy alta

d)      Alta erosión , y evasión fiscal

e)      Alta tasa de exenciones y exoneraciones fiscales

Esta problemática, debilidad,  que afecta la gestión fiscal convierte a los impuestos progresivos en regresivos, pues el sector empresarial ejerce presiones para que el Estado le dé en exenciones y exoneraciones lo que pagan por concepto de los impuestos progresivos.

Los demás agentes productivos, familias, y el ciudadano, carecen de poder de veto y de negociaciones para imponer, solicitar o negociar ‘’reformas fiscales’’ silentes y extras tributarias para evadir o recuperar, de manera directa, la carga fiscal.

Otro mito que se arguye en torno a la reforma fiscal es la desigualdad del contribuyente respecto al modelo tributario a partir de la capacidad contributiva. Eliminar la desigualdad fiscal es un mito, una metáfora, una sinécdoque en materia tributaria.

El mercado es desigual por naturaleza propia. No hay dos agentes productivos con la misma capacidad, e igualdad  en recursos productivos, innovación, investigación, maquinaria, talento, producción, mercado, capital. Es un imposible la igualdad fiscal. En tal sentido el sistema de tributario reclama una reforma holística, sistema, administrativa, gerencial y del modelo y estructura tributaria, y sobre todo una reforma del lado del gasto, del tamaño del Estado, y por ultimo una reforma del mercado, con énfasis en los recursos productivos y los agentes productivos, en particular la familia, de cara a lograr crear y/o convertir a más familias en agentes productivos.

La reforma fiscal ha de iniciar por las debilidades de la administración tributarais. Es decir, eliminar las exoneraciones y  exenciones fiscales, reducir a su mínima expresión la erosión y la evasión fiscal.

En lo que refiere a la reforma fiscal del lado de los tributos el mercado sugiere reducir 5% a la tasa del impuesto sobre la renta durante tres años a partir del 2018 para situarla en un 14% para el año 2020. Reducir la tasa del Itbis en un 4% anual durante el mismo periodo para dejarla en un 6% para el 2020.

Crear el bono tributario para los agentes productivos, contribuyentes, que cumplan con sus obligaciones tributarias veinte y cuatro horas antes de la fecha de pago fijada por la norma fiscal.

Finalmente, se sugiere eliminar el anticipo al impuesto sobre la renta y a todo tributo.  Eliminar todos los tributos cuyos ingresos están por debajo del nivel de sus ingresos.

La regresividad de los tributos es administrativa y la impone la ineficiencia y la mala gestión tributaria y el poder de veto de las grandes empresas.

Miguel Angel Severino

Política fiscal en vía contraria

Voceros autorizados del gobierno han colocado el tema de la reforma fiscal en la palestra pública, y lo han hecho a modo de advertencia antes el inminente colapso de las finanzas públicas, y sobre todo preocupados porque el gobierno tal parece que se acerca a una situación de quiebra, insolvencia financiera y/o cesación de pagos.

Pero, hagamos una reflexión.

Qué es la política fiscal? Qué sabe el pueblo, el país, la ciudadanía cuando el gobierno habla de política o reforma fiscal? Qué procura el gobierno al hablar de reforma fiscal?

La política fiscal es una avenida de doble vía y cuando los conductores fiscales, presupuestarios, tributarios, financieros, monetarios, crediticios del gobierno conducen al margen de las normas o van y vienen en vía contraria estamos antes un eminente peligro e irracionalidad de la gestión p públicas en manos de inexpertos y aprendices o antes ambiciosos depredadores del mercado, el erario y las finanzas públicas.

La política fiscal es una rama de las finanzas públicas que trata de la política del gasto público, y de la política tributaria o de los ingresos públicos. La primera, la política fiscal, procura mantener el equilibrio del mercado.

Ahora bien. A qué (?) tipo de reforma fiscal se refiere el gobierno cuando invita a los agentes productivos y al conjunto de organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio a apretarse los cinturones antes la inminencia de una reforma fiscal.

Conversando con expertos, la semana pasada, respecto a la panorámica fiscal del gobierno hemos convenido en respaldar la intención del gobierno para el diseño y ejecución de una política fiscal. Pero, por dónde comenzar? Por la política de gasto, pues esta es la condicionante de la política tributaria respecto a establecer el tamaño o nivel de los ingresos públicos. En ese sentido una reforma tributaria no es posible si previo no tratamos, primero, la reforma fiscal del gasto público.

Sin embargo, como las pretensiones del gobierno no son las de aceptar como prioridad trabajar en el marco de la reforma de la política fiscal, primero, el gasto público, se advierte que las autoridades, que ellos, tienen un interés por la reforma fiscal, en vía contraria.

Ahora bien, al país, al mercado, a los agentes productivos, a la ciudadanía, a las familias no les conviene transitar en vía contraria pues entraríamos en una curva peligrosa teniendo al final, de la curva, una situación de insolvencia colectiva.

Antes la lógica del mercado se hace más que necesario e impostergable iniciar por la reforma del gasto público en virtud de que un Estado con un territorio que no supera los 50 mil kilómetros cuadrados de tierra está obligado a la racionalidad administrativa territorial, política, financiera, presupuestaria.  En un territorio tan pequeño hay 31 provincias y un distrito nacional, 155 municipios y 238 distritos municipales. Por otro lado, hay 23 ministerios, dos cámaras legislativas, una jurisdicción superabundante e ineficiente, y docenas de organismos innecesarios. El país no debe tener  más de 13 provincias, cincuenta municipios y cien distritos municipales y a nivel legislativo operar con una sola cámara, de senadores.

Siguiendo la agenda e interés del gobierno de reforma fiscal es oportuno sugerir una reforma al aparato institucional del Estado de cara a reducir el gasto público, primera fase o etapa para una reforma fiscal. En tal sentido entre los expertos en finanzas públicas se habla de eliminar trece (13) ministerios. La mayoría deben ser integrados como direcciones, o departamentos, en los restantes, ministerios. La cámara de diputados, la liga municipal dominicana, el instituto de la vivienda, el instituto de auxilios y vivienda, la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado, el consejo estatal del azúcar, bienes nacionales deben ser eliminados y salvo raras excepciones unos que otros fusionarlos o ubicarlos como unidades operativas en los ministerios vinculantes.

Las corporaciones de acueductos y alcantarillados deben pasar a ser departamentos de los ayuntamientos. Fusionar el instituto de recursos hidráulicos con el instituto nacional de agua potable y crear el Ministerio del Agua. De igual manera proceder con todos los organismos de transportes a eliminar y/o fusionar, y crear el Ministerio de Transporte.

La República Dominicana es el único Estado con dos organismos superiores de control la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Cuentas. Estos organismos hay que fusionarlos en la reforma del Poder Contralor.

Qué hacer con la jurisdicción del Estado?

Por de pronto eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura y reformar el Poder Judicial para que los jueces, todos, sean electos por el voto ciudadano. Una vez electos los jueces en una asamblea han de escoger, ellos, los funcionarios del Poder Judicial. De entrada se hace necesario eliminar la jurisdicción inmobiliaria en virtud de que la misma atenta contra el mercado, pues el protocolo de temporalidad hace que el registro de un título de propiedad dure hasta diez años.

No es posible que un país carente de un modelo productivo viable, y con pocos agentes productivos, tenga tan altos niveles de exenciones fiscales, exoneraciones de impuestos, subsidios, erosión y evasión fiscal. Se impone la eliminación de las exenciones, exoneraciones y subsidios a la vez que mejorar la gestión tributaria para reducir a su minina expresión la erosión y la evasión fiscal.

Una vez terminado con la reforma y estructuración del Estado están dadas las condiciones para fijar la estructura y niveles del gasto público.

En cuanto a la reforma tributaria el país requiere, primero, resolver la problemática de falta de titulación de las tierras (rural y urbana) creando para ello un sistema administrativo de titulación de tierras, ventanilla única.

En segundo lugar, por el lado de la reforma tributaria, diseñar e implementar un conjunto de políticas públicas orientadas a lograr que el universo, posible, de las familias dominicanas se convierta en agentes productivos.  La titulación de las tierras es el eje transversal para lograr este propósito.

En un tercer estadio se hace necesario crear un sistema, administrativo, que permita la administración tributaria conocer los hechos que graban el sistema tributario de cara a reducir a cero la erosión y la evasión fiscal. Una vez logrado este objetivo, de política fiscal, reestructurar el modelo tributario en cuanto a los tipos de impuestos y niveles de tasas impositivas que permita al mercado y a los agentes productivos no traspasar al gobierno el capital de trabajo vía impuestos.

Manejar en vía contraria es perjudicial para el mercado cuando se trata de la política fiscal.

Miguel Angel Severino Rodríguez

Contador publico

Ni vencidos ni perdedores: Protocolo para la Gobernabilidad

Ante el fracaso de las elecciones el pueblo no puede ser el único perdedor. En tal sentido el momento reclama del liderazgo político, de los agentes productivos, de las organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio, del liderazgo académico e intelectual,  y del gobierno, una reflexión profunda y un gran sentido de responsabilidad, histórica, presente.

A la sociedad poco o mucho le importa quién o quiénes hayan perdido, o  quién o quiénes hayan ganado. Más de seis décadas de democracia son más que suficientes para la sociedad aprehender lecciones respecto a que cada vez hay más familias pobres, más miseria y mayores niveles de pobreza en la zona rural, sub urbana y urbana.

El hecho cierto de que en el Gran Santo Domingo y las tres provincias colindantes, San Cristóbal, Monte Plata y San Pedro de Macorís, viva más del 50% de la población del país deja mucho que desear. Un fenómeno territorial migratorio que tal parece que escapa al olfato de técnicos y especialistas rectores de la toma decisional a nivel político y gubernamental.

Cómo es posible que en el municipio de Sabana de la Mar viva en la zona urbana más del 93% de la población, y que en Mata Palacio más del 93% de las familias sean pobres? Para citar tan solo dos ejemplos.

Es posible que el liderazgo político, académico, intelectual,  empresarial  y los técnicos del gobierno no hayan reparado respecto a que somos un Estado que no llega a los 50 mil kilómetros cuadrados de tierras, y tiene, conforme a los expertos bancarios, más de 120 mil kilómetros cuadrados de tierras en títulos falsos?

Ha reparado la sociedad en que la Constitución política carece de un Régimen Territorial, de un Régimen Jurisdiccional o Poder Judicial, y de que el Estado dominicano opera con un solo Poder, el Ejecutivo, en tanto el judicial se ha convertido en un subsistema político y el legislativo en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo?

Ha reparado el liderazgo político en que el gobierno, cada año, por concepto de pasivos financieros, genera una deuda por más de 150 mil millones de pesos? Y qué ha dicho, ese mismo liderazgo, respecto a que el gobierno pierde más de 200 mil millones de pesos, cada año, por concepto de subsidios, erosión, exenciones y evasión fiscal? Dinero más que suficiente para impulsar una Agenda de Desarrollo Territorial.

Sabe el liderazgo político que el hecho de que más del 80% de los terrenos urbanos carezca de título definitivo de propiedad crea el riesgo mercado, y este, riesgo mercado, impacta de manera negativa en el alto costo del dinero, tasa activa de interés bancario? Igual sucede con las tierras con vocación agrícola en la zona rural del país en que más del 86% carece de título definitivo de propiedad.

El mercado y el sistema capitalista descansan en el principio, doctrina, de la propiedad privada, el cual esta entramado al título de propiedad del recurso productivo tierra. Podíamos reseñar docenas de problemática, mas, que afectan al mercado, a la familia, a los agentes productivos, y a las organizaciones empresariales y todo el sector privado.

Sin embargo, antes tales males, sin precedentes, por los que atraviesa el Estado y toda la sociedad, la ciudadanía espera que la oposición y el gobierno den una lección de civismo, y por vez primera, sin importar el color de la victoria o los colores de la derrota, dejando de lado esta perspectiva mezquina, por demás, y  convocar  al liderazgo académico e intelectual, empresarial adjunto a los técnicos de los partidos y del gobierno con miras presentar a la nación un borrador, temático, para la firma de un Protocolo o Pacto para la Gobernabilidad Ciudadana.

Este Protocolo o Pacto por la Gobernabilidad Ciudadana debe incluir la Agenda de Desarrollo Territorial diseñada a partir del estudio de la problemática territorial que afecta al mercado, y a los agentes productivos.

Por otro lado y al margen de las debilidades, éticas, respecto a las pasadas elecciones y de que los partidos advertidos, con tiempo, no pudieron prever u organizar un protocolo para identificar, evaluar, documentar y soportar los posibles hallazgos, fraudes, durante el proceso electoral no puede el país, por ello, luego de pasado el tiempo hábil, prolongar la inercia y poner en riesgo el mercado y el concierto de relaciones que ello implicaría en perjuicio para la sociedad productiva de la nación.

A modo de sugerencia varios intelectuales nos han sugerido temas relevantes a ser insertados en la posible agenda para la firma de un Protocolo o Pacto para la Gobernabilidad y que son entre otros nos menos importante, la reforma del Estado  (Jurisdicción, el Poder Contralor, el Poder Electoral, Poder Municipal, Régimen Territorial, interdependencia real de los poderes del  Estado), la reforma de los sistemas administrativos, ministerial, municipal y legislativo y la de crear un sistema administrativo de titulación del recurso productivo y no jurisdiccional como sucede en el caso de la Jurisdicción Inmobiliaria responsable de la entropía territorial del país.

El país no gana con los ganadores, ni pierde con los perdedores. El país gana cuando todos nos involucramos en la agenda del desarrollo territorial, la cual debe ser la prioridad de políticos, partidos, el gobierno y el sector privado.

El Pacto para la Gobernabilidad Ciudadana es la única salida antes la potencial crisis de gobernabilidad que el liderazgo político va tejiendo e imponiendo al país a partir de sus propios errores.

El gobierno y la oposición están compelidos a convocar a la nación a la Unidad posible a partir de la integración de los sectores dispersos y alejados por el quehacer partidario en el marco de la construcción y diseño de las políticas públicas, el plan, los perfiles de propuestas y proyectos, la agenda de desarrollo territorial y la estrategia para su implementación.

Toca al gobierno brindar una rama de olivo a la oposición y, sin alterar el sentido moral,  ofertar la presidencia de la Cámara de Diputados, y escoger, de manera conjunta, los integrantes de las Alas Cortes, el TSE, la JCE y la Cámara de Cuentas con ellos, y con la participación de las universidades del país, y los gremios profesionales y empresariales

El país es de todos y a todos nos pertenece.

Miguel Angel Severino Rodríguez

Más participación, y más y mejor democracia

Si bien es cierto que en el marco, democrático, de un Estado, de derecho, el voto es un deber, un derecho, no es menos cierto que el votar es una obligación, pues el propio Estado, erigido y comportado por el derecho, constitucional, se hace norma obligatoria y por demás lo que el integra y promueve. Desde esta perspectiva el carácter obligatorio, por su naturaleza jurídica, lo heredan las instituciones, los deberes y derechos consagrados en el origen y el Estado constituyente.

Cómo (?) lograr que una cantidad cercana al o el propio ciento por ciento de los ciudadanos, con derechos al voto, ejerzan el derecho y el acto obligatorio de  participar  en el proceso democrático y sobre todo ir y estar presente en las urnas el día de las elecciones.

Hay que BLINDAR el VOTO, ciudadano. Hacerlo obligatorio ayuda, y contribuye a eliminar compra venta de cédula.

El voto obligatorio garantiza que la mayoría del padrón, concurra,  en tanto elimina la abstención electoral, de parte de la sociedad, al ir a votar. Salvo las excepciones, de los militares y los que por razones estén imposibilitados de ejercer el derecho al voto, se logra una participación masiva de la ciudadanía en los certámenes democráticos.

En la actualidad  un sector importante de la juventud, del empresariado, los intelectuales y profesionales, entre otros, ejercen la apatía, abstención, electoral, y su desinterés contagia a otros ciudadanos logrando en cada proceso una abstención política, activa, entre un 30% y un 40%.

El carácter obligatorio del voto hará que todas las clases sociales acudan a votar, y lograr con ello que cada vez más se interesen por y en conocer y promover el sistema democrático, y sus mecanismos de participación. Al término de un periodo la conciencia y el carácter cívico y político de la ciudadanía, en sentido general, será tal que el costo de campaña quede reducido a su mínima expresión.

Con el voto obligatorio no será necesario que el Estado asigne tanto recursos a los partidos, y que los candidatos, con una mínima inversión, puedan desarrollar y presentar, a una ciudadanía actriz y participante, sus respectivas propuestas desde una perspectiva ética, y moral, rentable.

En voto obligatorio debe venir y llegar en el contexto de un concierto de reformas políticas y programáticas que involucren a todos los actores desde el Estado, los partidos, el ente rector del sistema electoral, el liderazgo político y sobre todo el compromiso de los candidatos de centrar el desarrollo y desempeño de campaña a partir de propuestas, concretas, consensuadas con las organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio o demarcación electoral.

El debate político (obligatorio), a todos los niveles, es parte de la agenda de los cambios que requiere el sistema electoral y demanda la sociedad toda.

Convenciones abiertas, y obligatorias para la selección y escogencia de todos los candidatos e instituir las candidaturas ciudadanas, a todos los niveles, con igual derecho, que los partidos, a postular candidaturas a nivel presidencial, legislativo y municipal nos va a permitir, como sociedad y como nación, superar el estadio del subdesarrollo institucional, ético y moral que nos atrapa aun en pleno siglo xxi.

Por otro lado, se hace necesaria una reingeniería a la burocracia institucional del Estado.

En el marco del sistema legislativo y con miras a fortalecer el carácter obligatorio del voto hay que hacer rentable el Estado y el propio gobierno. En tal sentido se hace más que pertinente eliminar la cámara de diputados, dar rango constitucional a la elección de los gobernadores provinciales y escoger, por el voto directo, a todos los jueces del país.

En lo que respecta a la elección de los jueces una vez electo ellos, y reunidos en asamblea, han de escoger e integrar a los funcionarios de la Jurisdicción del Estado, Poder Judicial, incluyendo el Procurador General, el Fiscal y cada uno de los integrantes del sistema judicial respectivamente.

Por otro lado, es pertinente que el carácter obligatorio del voto conlleve reestructurar el Estado, para lo cual es necesario dar rango constitucional en tanto erigir el Poder Ciudadano, el Poder Contralor, el Poder Municipal y el Poder Electoral.

Hacer que el voto ciudadano sea y tenga carácter obligatorio debe representar un Poder Ciudadano, real,  y un conjunto de valores agregados en términos democráticos, políticos e institucionales de cara a  que toda la ciudadanía salude el salto político, ético, moral e institucional que ello implica y consagra en beneficio del país, de la nación, y toda la sociedad en su conjunto.

Miguel Angel Severino Rodríguez

Contador público autorizado

Ex Presidente del Colegio Dominicano de Contadores Publico, Inc