El organismo rector y central de
sistema electoral no puede ser Juez y parte de su propia causa. Ello ha venido
socavando la credibilidad ciudadana en el sistema de partido, en la democracia,
en la jurisdicción y en toda la estructura y mecanismos que lo erigen.
El sistema electoral, de la
democracia, ha perdido la virginidad moral. Los partidos, desde el gobierno, lo
han convertido en un entramado, corrupto, al servicio y en beneficio de un
actor, político, presidente de turno, para perpetuarse en el poder más allá del
coraje de la norma, y el pudor de las instituciones malogradas.
El modelo partidario, clientelar, y
la ausencia de presupuesto moral, y programático recrea y reproduce la problemática
que afecta a los agentes productivos, a las familias y al conjunto de
organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio. Pobreza,
pobres y miseria es la metahistórica de un sistema político envejecido, caro en
su gestión y barato en sus posibilidades.
El sistema electoral responde a una visión
estercolera y a un entramado, desprovisto de pudor, y de moral, para arrebatar
al ciudadano su más preciado bien, patrimonio, democrático, el voto en cada
ejercicio electoral.
Desde el gobierno de turno se erigen
mecanismos para vender y comprar la vejez mutilada de la conciencia adormecida
de una ciudadanía ausente desde el marco constitucional y el entramado
institucional del Estado tardío de posguerra.
Ante el concierto de debilidades del
sistema, la estructura organizacional, y todo el proceso electoral tenemos a
bien a bien sugerir la creación del Tercero Imparcial, con rango constitucional.
La tarea de este mecanismo es la de, a través de una firma de auditoría, independiente
escogida por consenso por los partidos, evaluar, certificar y acreditar el
sistema, la tecnología, el proceso y los resultados, electorales, y al propio órgano
rector y central del sistema electoral respectivamente.
Los Partidos han agotado, ya, su
vida útil, si es que alguna vez útil han sido, y por ende el modelo operativo y
de gestión de la Junta Central Electoral sufre desgastes y envejecimiento a
nivel institucional, y moral, y en especial toda posibilidad de eficiencia,
eficacia se ha reducido a cero.
Escapa a la Junta Central Electoral,
y al modelo operativo, garantizar y a la vez recuperar la fe y la credibilidad
perdidas.
Ante todo el desconcierto institucional
solo un Tercero Imparcial, Firma Auditora, puede garantizar RESULTADOS
confiables para las partes, ciudadanía actriz relevante y accionista principal
y única de la democracia muerta.
El Tercero Imparcial, Firma
Auditora, tendría las tareas de evaluar y certificar el papel y tinta impresión
de las boletas. De igual manera auditar el sistema electrónico, data,
infrarrojo, ultra violeta, el sistema de scanner, algoritmo, y Software,
soporte de la gestión técnica y administrativa del órgano rector y central del
sistema electoral.
En modo un Delegado, Electoral, no está
en capacidad de velar y defender el interés democrático, ciudadano en ausencia
Tercero Imparcial.
Es responsabilidad estratégica, y única,
de un Tercero Imparcial, Firma Auditora, certificar y acreditar los resultados
y ganadores, dados por la JCE, una vez concluido el proceso.
Los Partidos, la JCE y el gobierno
dan última estocada, mortal, a la democracia, herida. Ante esta realidad es de
alto interés, para el actor, ciudadano, electoral, confiar en el sistema
electoral.
Los sistemas de data, infrarrojo, y
ultra violeta, la boleta, la tinta, el scanner, a falta de coraje moral, pueden
adulterar los resultados.
Solo un Tercero Imparcial, Firma
Auditora, puede avalar, certificar, y garantizar RESULTADOS confiables para las
partes.
Miguel Angel Severino
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