martes, 14 de junio de 2016

Política fiscal en vía contraria



Voceros autorizados del gobierno han colocado el tema de la reforma fiscal en la palestra pública, y lo han hecho a modo de advertencia antes el inminente colapso de las finanzas públicas, y sobre todo preocupados porque el gobierno tal parece que se acerca a una situación de quiebra, insolvencia financiera y/o cesación de pagos.

Pero, hagamos una reflexión.

Qué es la política fiscal? Qué sabe el pueblo, el país, la ciudadanía cuando el gobierno habla de política o reforma fiscal? Qué procura el gobierno al hablar de reforma fiscal?

La política fiscal es una avenida de doble vía y cuando los conductores fiscales, presupuestarios, tributarios, financieros, monetarios, crediticios del gobierno conducen al margen de las normas o van y vienen en vía contraria estamos antes un eminente peligro e irracionalidad de la gestión p públicas en manos de inexpertos y aprendices o antes ambiciosos depredadores del mercado, el erario y las finanzas públicas.

La política fiscal es una rama de las finanzas públicas que trata de la política del gasto público, y de la política tributaria o de los ingresos públicos. La primera, la política fiscal, procura mantener el equilibrio del mercado.

Ahora bien. A qué (?) tipo de reforma fiscal se refiere el gobierno cuando invita a los agentes productivos y al conjunto de organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio a apretarse los cinturones antes la inminencia de una reforma fiscal.

Conversando con expertos, la semana pasada, respecto a la panorámica fiscal del gobierno hemos convenido en respaldar la intención del gobierno para el diseño y ejecución de una política fiscal. Pero, por dónde comenzar? Por la política de gasto, pues esta es la condicionante de la política tributaria respecto a establecer el tamaño o nivel de los ingresos públicos. En ese sentido una reforma tributaria no es posible si previo no tratamos, primero, la reforma fiscal del gasto público.

Sin embargo, como las pretensiones del gobierno no son las de aceptar como prioridad trabajar en el marco de la reforma de la política fiscal, primero, el gasto público, se advierte que las autoridades, que ellos, tienen un interés por la reforma fiscal, en vía contraria.

Ahora bien, al país, al mercado, a los agentes productivos, a la ciudadanía, a las familias no les conviene transitar en vía contraria pues entraríamos en una curva peligrosa teniendo al final, de la curva, una situación de insolvencia colectiva.

Antes la lógica del mercado se hace más que necesario e impostergable iniciar por la reforma del gasto público en virtud de que un Estado con un territorio que no supera los 50 mil kilómetros cuadrados de tierra está obligado a la racionalidad administrativa territorial, política, financiera, presupuestaria.  En un territorio tan pequeño hay 31 provincias y un distrito nacional, 155 municipios y 238 distritos municipales. Por otro lado, hay 23 ministerios, dos cámaras legislativas, una jurisdicción superabundante e ineficiente, y docenas de organismos innecesarios. El país no debe tener  más de 13 provincias, cincuenta municipios y cien distritos municipales y a nivel legislativo operar con una sola cámara, de senadores.

Siguiendo la agenda e interés del gobierno de reforma fiscal es oportuno sugerir una reforma al aparato institucional del Estado de cara a reducir el gasto público, primera fase o etapa para una reforma fiscal. En tal sentido entre los expertos en finanzas públicas se habla de eliminar trece (13) ministerios. La mayoría deben ser integrados como direcciones, o departamentos, en los restantes, ministerios. La cámara de diputados, la liga municipal dominicana, el instituto de la vivienda, el instituto de auxilios y vivienda, la oficina de ingenieros supervisores de obras del Estado, el consejo estatal del azúcar, bienes nacionales deben ser eliminados y salvo raras excepciones unos que otros fusionarlos o ubicarlos como unidades operativas en los ministerios vinculantes.

Las corporaciones de acueductos y alcantarillados deben pasar a ser departamentos de los ayuntamientos. Fusionar el instituto de recursos hidráulicos con el instituto nacional de agua potable y crear el Ministerio del Agua. De igual manera proceder con todos los organismos de transportes a eliminar y/o fusionar, y crear el Ministerio de Transporte.

La República Dominicana es el único Estado con dos organismos superiores de control la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Cuentas. Estos organismos hay que fusionarlos en la reforma del Poder Contralor.

Qué hacer con la jurisdicción del Estado?

Por de pronto eliminar el Consejo Nacional de la Magistratura y reformar el Poder Judicial para que los jueces, todos, sean electos por el voto ciudadano. Una vez electos los jueces en una asamblea han de escoger, ellos, los funcionarios del Poder Judicial. De entrada se hace necesario eliminar la jurisdicción inmobiliaria en virtud de que la misma atenta contra el mercado, pues el protocolo de temporalidad hace que el registro de un título de propiedad dure hasta diez años.

No es posible que un país carente de un modelo productivo viable, y con pocos agentes productivos, tenga tan altos niveles de exenciones fiscales, exoneraciones de impuestos, subsidios, erosión y evasión fiscal. Se impone la eliminación de las exenciones, exoneraciones y subsidios a la vez que mejorar la gestión tributaria para reducir a su minina expresión la erosión y la evasión fiscal.

Una vez terminado con la reforma y estructuración del Estado están dadas las condiciones para fijar la estructura y niveles del gasto público.

En cuanto a la reforma tributaria el país requiere, primero, resolver la problemática de falta de titulación de las tierras (rural y urbana) creando para ello un sistema administrativo de titulación de tierras, ventanilla única.

En segundo lugar, por el lado de la reforma tributaria, diseñar e implementar un conjunto de políticas públicas orientadas a lograr que el universo, posible, de las familias dominicanas se convierta en agentes productivos.  La titulación de las tierras es el eje transversal para lograr este propósito.

En un tercer estadio se hace necesario crear un sistema, administrativo, que permita la administración tributaria conocer los hechos que graban el sistema tributario de cara a reducir a cero la erosión y la evasión fiscal. Una vez logrado este objetivo, de política fiscal, reestructurar el modelo tributario en cuanto a los tipos de impuestos y niveles de tasas impositivas que permita al mercado y a los agentes productivos no traspasar al gobierno el capital de trabajo vía impuestos.

Manejar en vía contraria es perjudicial para el mercado cuando se trata de la política fiscal.

Miguel Angel Severino Rodríguez

Contador publico

viernes, 10 de junio de 2016

Ni vencidos ni perdedores: Protocolo para la Gobernabilidad



Ante el fracaso de las elecciones el pueblo no puede ser el único perdedor. En tal sentido el momento reclama del liderazgo político, de los agentes productivos, de las organizaciones entramadas a las cadenas de valor agregado del territorio, del liderazgo académico e intelectual,  y del gobierno, una reflexión profunda y un gran sentido de responsabilidad, histórica, presente.

A la sociedad poco o mucho le importa quién o quiénes hayan perdido, o  quién o quiénes hayan ganado. Más de seis décadas de democracia son más que suficientes para la sociedad aprehender lecciones respecto a que cada vez hay más familias pobres, más miseria y mayores niveles de pobreza en la zona rural, sub urbana y urbana.

El hecho cierto de que en el Gran Santo Domingo y las tres provincias colindantes, San Cristóbal, Monte Plata y San Pedro de Macorís, viva más del 50% de la población del país deja mucho que desear. Un fenómeno territorial migratorio que tal parece que escapa al olfato de técnicos y especialistas rectores de la toma decisional a nivel político y gubernamental.

Cómo es posible que en el municipio de Sabana de la Mar viva en la zona urbana más del 93% de la población, y que en Mata Palacio más del 93% de las familias sean pobres? Para citar tan solo dos ejemplos.

Es posible que el liderazgo político, académico, intelectual,  empresarial  y los técnicos del gobierno no hayan reparado respecto a que somos un Estado que no llega a los 50 mil kilómetros cuadrados de tierras, y tiene, conforme a los expertos bancarios, más de 120 mil kilómetros cuadrados de tierras en títulos falsos?

Ha reparado la sociedad en que la Constitución política carece de un Régimen Territorial, de un Régimen Jurisdiccional o Poder Judicial, y de que el Estado dominicano opera con un solo Poder, el Ejecutivo, en tanto el judicial se ha convertido en un subsistema político y el legislativo en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo?

Ha reparado el liderazgo político en que el gobierno, cada año, por concepto de pasivos financieros, genera una deuda por más de 150 mil millones de pesos? Y qué ha dicho, ese mismo liderazgo, respecto a que el gobierno pierde más de 200 mil millones de pesos, cada año, por concepto de subsidios, erosión, exenciones y evasión fiscal? Dinero más que suficiente para impulsar una Agenda de Desarrollo Territorial.

Sabe el liderazgo político que el hecho de que más del 80% de los terrenos urbanos carezca de título definitivo de propiedad crea el riesgo mercado, y este, riesgo mercado, impacta de manera negativa en el alto costo del dinero, tasa activa de interés bancario? Igual sucede con las tierras con vocación agrícola en la zona rural del país en que más del 86% carece de título definitivo de propiedad.

El mercado y el sistema capitalista descansan en el principio, doctrina, de la propiedad privada, el cual esta entramado al título de propiedad del recurso productivo tierra. Podíamos reseñar docenas de problemática, mas, que afectan al mercado, a la familia, a los agentes productivos, y a las organizaciones empresariales y todo el sector privado.


Sin embargo, antes tales males, sin precedentes, por los que atraviesa el Estado y toda la sociedad, la ciudadanía espera que la oposición y el gobierno den una lección de civismo, y por vez primera, sin importar el color de la victoria o los colores de la derrota, dejando de lado esta perspectiva mezquina, por demás, y  convocar  al liderazgo académico e intelectual, empresarial adjunto a los técnicos de los partidos y del gobierno con miras presentar a la nación un borrador, temático, para la firma de un Protocolo o Pacto para la Gobernabilidad Ciudadana.

Este Protocolo o Pacto por la Gobernabilidad Ciudadana debe incluir la Agenda de Desarrollo Territorial diseñada a partir del estudio de la problemática territorial que afecta al mercado, y a los agentes productivos.

Por otro lado y al margen de las debilidades, éticas, respecto a las pasadas elecciones y de que los partidos advertidos, con tiempo, no pudieron prever u organizar un protocolo para identificar, evaluar, documentar y soportar los posibles hallazgos, fraudes, durante el proceso electoral no puede el país, por ello, luego de pasado el tiempo hábil, prolongar la inercia y poner en riesgo el mercado y el concierto de relaciones que ello implicaría en perjuicio para la sociedad productiva de la nación.

A modo de sugerencia varios intelectuales nos han sugerido temas relevantes a ser insertados en la posible agenda para la firma de un Protocolo o Pacto para la Gobernabilidad y que son entre otros nos menos importante, la reforma del Estado  (Jurisdicción, el Poder Contralor, el Poder Electoral, Poder Municipal, Régimen Territorial, interdependencia real de los poderes del  Estado), la reforma de los sistemas administrativos, ministerial, municipal y legislativo y la de crear un sistema administrativo de titulación del recurso productivo y no jurisdiccional como sucede en el caso de la Jurisdicción Inmobiliaria responsable de la entropía territorial del país.

El país no gana con los ganadores, ni pierde con los perdedores. El país gana cuando todos nos involucramos en la agenda del desarrollo territorial, la cual debe ser la prioridad de políticos, partidos, el gobierno y el sector privado.

El Pacto para la Gobernabilidad Ciudadana es la única salida antes la potencial crisis de gobernabilidad que el liderazgo político va tejiendo e imponiendo al país a partir de sus propios errores.

El gobierno y la oposición están compelidos a convocar a la nación a la Unidad posible a partir de la integración de los sectores dispersos y alejados por el quehacer partidario en el marco de la construcción y diseño de las políticas públicas, el plan, los perfiles de propuestas y proyectos, la agenda de desarrollo territorial y la estrategia para su implementación.

Toca al gobierno brindar una rama de olivo a la oposición y, sin alterar el sentido moral,  ofertar la presidencia de la Cámara de Diputados, y escoger, de manera conjunta, los integrantes de las Alas Cortes, el TSE, la JCE y la Cámara de Cuentas con ellos, y con la participación de las universidades del país, y los gremios profesionales y empresariales

El país es de todos y a todos nos pertenece.



Miguel Angel Severino Rodríguez